Para contrarrestar la alarma social creada por la divulgación del saqueo que sufren las herencias de los andaluces, la JA con el dinero de todos nosotros, naturalmente, ha puesto en marcha una campaña publicitaria institucional destinada a convencernos de que lo cierto es engaño, lo evidente es falso y el desvalijamiento al que llaman Impuesto de Sucesiones y Donaciones es solidaridad.
Sin embargo, lo cierto y verdad es que:
1.- Si la transmisión resulta «positiva», deja de haber «mínimo exento» y hay que pagar por toda la herencia desde el primer euro hasta el último.
2.- La JA no toma el valor catastral de los inmuebles como referencia, sino que aplica un coeficiente expresamente diseñado para este impuesto. El resultado siempre está muy por encima del precio de mercado. ¡Ah! Y los ayuntamientos también trincan; para hacerse cargo de la herencia hay que pagarles la “plusvalía”.
3.- La JA nos prohíbe vender un bien de la herencia para allegar fondos con los que poder rescatar los demás. Se escudan en el subterfugio legal de que no somos titulares del mismo hasta que hayamos satisfecho el impuesto. De manera que el patrimonio por el que nuestros padres han estado pagando impuestos toda su vida, pasa a poder de la JA en cuanto fallecen, y hemos de pagar rescate para que nos lo devuelvan. Así, en Andalucía, el número de herederos que se han visto obligados a renunciar a su herencia por no poder pagar los impuestos, se incrementó en un 399’7% entre el 2007 y el 2016 (fuente: diario Cinco Días de 27/03/2017).
4.- Los bienes renunciados pasan a subasta, sufriendo normalmente una considerable depreciación con respecto a la tasación de la JA. Hay empresas especializadas en adquirir las herencias subastadas y en esquivar, por supuesto legalmente, la voracidad impositiva de la JA. Y no es raro encontrar en esas empresas vinculaciones con el poder a través de políticos y expolíticos de la Junta.
5.- Como consecuencia, en los cada vez más abundantes casos de andaluces que renuncian a su herencia –13’1 de cada 100 en 2016– la Hacienda Autonómica percibe las cuantías del impuesto minoradas, con el consiguiente menoscabo para el beneficio social que, presuntamente, justifica la recaudación del impuesto.
6.- De hecho, Andalucía es la autonomía con mayor presión fiscal de España y, en consecuencia, también debería ser la que mayores beneficios sociales proporcionara a sus ciudadanos. Sin embargo Andalucía es también la región con mayores niveles de fraude institucional y de corrupción de España. Y no lo digo yo, lo dice Bruselas a través de la Comisión Europea que cada año elabora un informe económico llamado Índice de Competitividad Regional (fuente: LIBREMERCADO de 10-03-2017).Una parte importante de nuestros impuestos se emplea en sostener una «administración paralela» compuesta por un entramado de agencias cuya única finalidad es proporcionar lucrativo acomodo a una nube de cargos directivos, y puestos de trabajo inútiles e improductivos a una plaga de parientes, conmilitones y simpatizantes.
Conclusión: como aconsejan los anuncios de la JA, “que no te confundan”.